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Los grupos piden una investigación federal sobre el plan de Utah para financiar la terminal de exportación de carbón de Oakland
La carta a la Fiscal General Loaretta Lynch cita posibles violaciones legales y éticas de la ley federal
SALT LAKE CITY- Grupos conservacionistas, sanitarios y de buen gobierno han enviado hoy una carta a la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, en la que solicitan una investigación formal sobre posibles violaciones legales y éticas en el extraordinario préstamo de 53 millones de dólares financiado por los contribuyentes de Utah para construir una terminal de aguas profundas en Oakland, California, para exportar carbón.
La carta, dirigida también a Gregory J. Gould, director de la Oficina de Ingresos de Recursos Naturales, y a Mary Kendall, Inspectora General interina del Departamento de Interior, menciona el uso indebido por parte de Utah de los fondos federales de desarrollo comunitario y la elaborada red de posibles conflictos de intereses que impulsó el plan a través de los procesos de aprobación legislativa y de las agencias estatales sin apenas escrutinio público.
"Es asombroso que la Legislatura y el Gobernador estuvieran dispuestos a tirar decenas de millones de dinero de los contribuyentes en un proyecto tan plagado de conflictos de intereses", dijo Michael Shea, Asociado de Política de HEAL Utah. "Está muy claro que alguien de fuera debería examinar esto con detenimiento".
La carta expone las idas y venidas en el esfuerzo de décadas por exportar carbón de Utah al extranjero a través de un puerto del Pacífico. Varios condados de Utah comenzaron a buscar financiación para construir operaciones de transporte para exportar carbón de las minas propiedad de Bowie Resource Holding Partners ya en 2001. A finales de 2014, en un acuerdo negociado por Jeffrey Holt, banquero de inversiones privadas, "asesor estratégico de infraestructuras" de los condados y entonces presidente de la Comisión de Transporte de Utah, los condados solicitaron un préstamo de 53 millones de dólares a la Junta de Impacto Comunitario de Utah para financiar la terminal.
La Junta de Impacto Comunitario (CIB) se encarga de administrar los ingresos procedentes de los cánones abonados al Estado en virtud de la Ley Federal de Arrendamiento Minero (MLA). La Ley restringe el uso del dinero a la planificación comunitaria, la construcción y el mantenimiento de instalaciones públicas y la prestación de servicios públicos para mitigar los efectos adversos de la minería en las comunidades.
La Junta de Impacto Comunitario aprobó el préstamo y luego, cuando surgieron dudas sobre el uso indebido de los fondos, la legislatura de 2016 dio su aprobación por la vía rápida al proyecto de ley 246 del Senado, un procedimiento diseñado para evadir las limitaciones de financiación de la Ley de Arrendamiento de Minerales mediante el intercambio de dinero del fondo general del estado con dinero de la Ley de Arrendamiento de Minerales para el préstamo.
"Es inconcebible que éste sea un uso previsto o adecuado de 53 millones de dólares de fondos de la MLA, del CIB o de los contribuyentes, y esto parece representar el peor tipo de amiguismo corporativo contra el que los miembros de la legislatura de Utah suelen ser tan aficionados a manifestarse", declaró Joshua Kanter, Presidente de la Junta Directiva de la Alianza por un Utah Mejor. "El desvío de estos fondos no sólo es inadecuado, sino que dejará a estas comunidades sin el dinero que realmente necesitan para ayudarles a reorganizar su base económica a medida que la industria del carbón continúa su declive. No se ha demostrado que exista una escasez de capacidad portuaria disponible para el carbón de Utah o que la exportación de carbón de Utah a Asia tenga sentido desde el punto de vista económico, dos cuestiones que el libre mercado puede resolver fácilmente sin este juego de trileros y abuso de la confianza pública".
Muchos de los proponentes de la ley en la legislatura y el gobernador que la firmó habían recibido contribuciones de campaña de Bowie, la empresa de carbón que se espera que sea la mayor beneficiaria del acuerdo sobre la terminal de exportación. Al mismo tiempo, el Asesor de Infraestructuras Estratégicas Jeffrey Holt y su empresa de inversiones podrían cosechar millones si el proyecto se lleva a cabo.
"Desde el principio, la propuesta de utilizar los recursos de los contribuyentes de Utah para apuntalar una terminal de exportación de carbón fuera del estado nunca ha tenido el mejor interés de los habitantes de Utah en el corazón", dijo Lindsay Beebe, Representante de Organización de Utah para la campaña Más allá del Carbón de Sierra Club. "Necesitamos desarrollar soluciones reales para ayudar a nuestras comunidades mientras nuestro estado se aleja del carbón. En cambio, nuestros funcionarios públicos han demostrado que están más dispuestos a repartir favores políticos que a ayudar a las comunidades de Utah en todo el estado que merecen nuestro apoyo."
Mientras tanto, en California, los registros públicos y los informes de los medios de comunicación revelaron que Holt y el promotor portuario Phil Tagami intentaron ocultar el plan de transportar carbón a través de la terminal de Oakland, subrayando en cambio que se utilizaría para transportar productos agrícolas.
Muchos residentes cercanos a la terminal, que ya soportan una importante contaminación atmosférica, se han opuesto frontalmente a los envíos de carbón a través de sus comunidades debido a las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud pública.
El Ayuntamiento de Oakland se reunirá el 27 de junio para estudiar la posibilidad de imponer restricciones "sanitarias y de seguridad" al funcionamiento de cualquier terminal de carbón en la ciudad. La ley de Utah por la que se transfieren 53 millones de dólares en fondos estatales para el proyecto también entra en vigor el 1 de julio, lo que hace más urgente la petición de una investigación federal.
En virtud de la Ley de Arrendamientos Minerales, el Fiscal General de EE.UU. tiene amplias facultades para solicitar reparación judicial cuando se descubren infracciones.
El Departamento de Interior se encarga de investigar y auditar el uso de los cánones en virtud de la ley, y tiene el deber de garantizar la integridad y la responsabilidad de sus programas a través de la Oficina del Inspector General.
"El SB 246 es un intento flagrante de eludir las limitaciones de financiación de la Ley de Arrendamiento de Minerales", dijo Chris Eaton, abogado de Earthjustice. "Las acciones de los funcionarios de Utah demuestran que es necesaria una supervisión federal adicional para evitar este mal uso del dinero de los contribuyentes".
Los grupos esperan reunirse con funcionarios de los Departamentos de Justicia e Interior en las próximas semanas para debatir la carta.
"El contenido de esta carta requiere una revisión externa por parte de varios organismos de supervisión", ha declarado Tom Sanzillo, Director de Finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, y antiguo Viceinterventor Primero del Estado de Nueva York. "Pasé diecisiete años en la alta dirección de organismos de supervisión de la administración local y estatal. Las señales de alarma económicas, fiscales, financieras, medioambientales, de gobernanza, éticas y políticas que plantean las acciones del Estado de Utah son demasiado numerosas para ignorarlas."
John Weisheit, cofundador de Living Rivers, añadió: "La Legislatura del Estado de Utah y la Junta de Impacto Comunitario están blanqueando dinero público a través del Fondo Estatal de Transporte para proporcionar ayuda financiera a las corporaciones energéticas, y no a las comunidades a las que realmente pertenece. Soportar este comportamiento de los funcionarios electos y designados para mí, como contribuyente de Utah, es vergonzoso, y una auditoría es, en el mejor de los casos, una petición minimalista que debería cumplirse."
La solicitud de investigación federal es sólo una parte de un esfuerzo múltiple para proteger a Oakland de los envíos de carbón sucio. Además de presionar al Ayuntamiento de Oakland para que adopte normas de salud y seguridad para la terminal de carbón de Oakland propuesta, los residentes de Oakland y otros ciudadanos preocupados están apoyando la legislación pendiente en la Legislatura del Estado de California que requeriría una revisión ambiental adicional para este tipo de proyecto de terminal y aportaría más transparencia a la financiación del proyecto.
"Desde el principio, el plan de utilizar los fondos de impacto comunitario de Utah para realizar una arriesgada inversión en la industria del carbón ha parecido sospechoso", declaró Aaron Paul, abogado de Grand Canyon Trust. "Esperamos que una investigación del gobierno federal ayude a reconducir esos fondos hacia donde deben estar: las comunidades de Utah".
La carta se envió en nombre de Alliance for a Better Utah, HEAL Utah, el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Sierra Club, Center for Biological Diversity, Grand Canyon Trust, Earthjustice (en nombre de Sierra Club y Grand Canyon Trust), Living Rivers y The Sloan Law Firm (en nombre de Living Rivers).
Una copia de la carta al Fiscal General de EE.UU. y al Departamento de Interior está aquí.
La versión web de este comunicado está aquí.
Un ensayo que describe los esfuerzos para proteger a las comunidades de Oakland de la terminal de carbón se encuentra aquí.
Contactos:
Joshua Kanter, Alianza por un Utah Mejor - josh@betterutah.org
Chris Eaton, Earthjustice - ceaton@earthjustice.org
Aaron Paul, Grand Canyon Trust - apaul@grandcanyontrust.org
Michael Shea, HEAL Utah-michael@healutah.org
Tom Sanzillo, IEEFA - tomsanzillo@yahoo.com
John Weisheit, Living Rivers - john@livingrivers.org
Lindsay Beebe, Sierra Club - lindsay.beebe@sierraclub.org